Revivir comisariado en Juchitán podía legitimar contratos ilegales de empresas eólicas: Cesar Pineda

Gerardo Valdivieso Parada

Juchitán, Oax.- Hace seis años un grupo de juchitecos impugnó la forma en que se llevaba la primera consulta indígena para instalar un parque eólico en este municipio, por no respetar los cánones internacionales al no ser previa ni informada.

Uno de los denunciantes de la desaseada consulta fue el fundador de la COCEI, César Pineda Castillo, quien con otros juchitecos elaboró una carta en donde plasmaban sus desacuerdos:

“lo impugnamos desde un inicio por la forma en que se estaba preparando una posible consulta, que no fue tal, más bien fue una farsa que no reunió los requisitos, para empezar no fue previa porque ya se había otorgado el permiso, no se hizo un estudio de impacto ambiental y cultural” recordó.

En la consulta se involucraron varios líderes campesinos que avalaron “una consulta a modo de las empresas, si ya contaba con el permiso previo del gobierno federal y del gobierno del estado y las tierras ya habían sido apartadas ya era irreversible, la consulta fue un trámite más” denunció.

Recordó que la instalación de los parques eólico en el municipio tiene un vicio de origen que no les da una base legal y que no se contó en la consulta: el origen comunal de las tierras de Juchitán.

“Las tierras de Juchitán son comunales por decreto presidencial, y por lo tanto no podría instalarse empresas diferentes a las que fueron catalogadas porque variaría el uso de suelo, entonces se tendría que pedir la autorización de la comunidad de Juchitán y como no existe una autoridad comunal se hizo a modo, no más de dos mil personas se congregaron para hacer una pantomima”.

Recordó que el escrito de protesta por las anomalías de la consulta se entregó al entonces secretario municipal, Emilio Montero Pérez, durante la administración de Saúl Vicente Vásquez, que no tuvo respuesta, ni se dio trámite a la exigencia de la manifestación de impacto ambiental y la información debida de los impactos a la población.

Dijo que ante la proliferación de parques eólicos en toda la región al día de hoy no se sabe a ciencia cierta de los impactos de todos los aerogeneradores en la salud de los istmeños: “lo que sí sabíamos y lo dijimos desde un principio es que las empresas eólicas no iban a cumplir lo que prometieron a los campesinos y ejidatarios, como pasó en santo Domingo Ingenio, La venta, La Ventosa y aquí en Juchitán”.

En ese contexto dijo que le alarma el interés que existe de un grupo que pretende acudir ante las autoridades agrarias para crear una autoridad comunal en la comunidad de Juchitán que impulsa el líder coceista Héctor Sánchez López:

“Yo me pregunto cuál es el objetivo, ¿se va exigir a las empresas eólicas que cumplan sus promesas como la instalación de dos aerogeneradores que no han cumplido? ¿los van a obligar a pagar sus impuestos que nunca han querido pagar? Me preocupa que atrás de esta autoridad exista la intención de legitimar la posesión ilegal que tienen las empresas eólicas sobre las tierras comunales”.

Subrayó el hecho de que este interés de revivir la autoridad comunal de Juchitán coincida con el proyecto de gran calado del gobierno federal de atraer la inversión con el desarrollo del tren transismico y el rescate de la industria eléctrica de manos extranjeras para que sea el estado el que genere la energía limpia y a los campesinos se les considere como socios.

“Van a instalarse empresas en la mayoría de las tierras comunales que van requerir certidumbre sobre las tierras que van a invertir, cosa que no tiene hoy las empresas eólicas ellos están sobre los terrenos de manera ilegal, porque no se hicieron los trámites para hacer sus contratos: primero necesita ser autorizado el cambio de uso de suelo por asamblea”.

Dijo que los contratos que han formalizado las empresas eólicas con los posesionarios de las tierras en donde están sus aerogeneradores son ilegales: “la Constitución prohíbe celebrar contratos sobre tierras ejidales y comunales, tiene que haber un trámite administrativo”.

Dijo que esta autoridad comunal de erigirse “va a llenar ese vacío legal en la que están establecidos las empresas eólicas a través de una asamblea en donde los contratos sean legales e impedir una acción legal del gobierno federal”.

El líder coceista reconoció que en la lucha por recuperar las tierras comunales, después de tanta sangre derramada no se logró el objetivo: “hubieron muchos muertos, está la desaparición del compañero Víctor Pineda Henestrosa de la promotoría agraria, por eso me indigna que no se diga con claridad para qué se pretende tener una autoridad comunal de Juchitán”.

Planteó el peligro que la autoridad comunal se use para otros propósitos, contrarios al de la mayoría de los campesinos y sea el vehículo para legitimar los intereses de transnacionales:

“¿para qué una autoridad comunal? ¿para regular las tierras que de manera indebida hoy usufructúan las empresas eólicas e impedir una acción legal del gobierno federal? ¿para ponerlo al servicio de las transnacionales con este proyecto transistmico y hacer negocios?”.

Consideró que si se pretende erigir una autoridad comunal se debe primero seguir exigiendo la presentación de Víctor Pineda Henestrosa, informar plenamente a los juchitecos, realizar una consulta sobre su conveniencia, “no hacerlo de manera silenciosa como se está haciendo, ir pueblo por pueblo, algunos ya han comprado el derecho de ser comuneros para poder participar en un posible fraude que se pretende efectuar en contra de los juchitecos”.